Asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo determina las obligaciones que en esta materia tienen que cumplir los sujetos obligados recogidos en su artículo 2 y que se circunscribe a los siguientes:

  • Entidades de crédito.
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguros que operen en el ramo de vida u otros servicios relacionados con inversiones.
  • Empresas de servicios de inversión.
  • Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión.
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo.
  • Sociedades de garantía recíproca.
  • Entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
  • Quienes ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  • Servicios postales respecto de las actividades de giro o transparencia.
  • Quienes se dediquen a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
  • Promotores inmobiliarios y agencias de la propiedad inmobiliarias.
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Abogados, procuradores u otros profesionales independientes, cuando participen en operaciones inmobiliarias o financieras.
  • Aquellos que presten servicios por cuenta de terceros para constituir sociedades u otras personas jurídicas o ejerzan funciones de dirección o asesoría externa de una sociedad o asociación.
  • Casinos de juego.
  • Joyerías.
  • Galerías de arte o antigüedades.
  • Quienes se dediquen a actividades de contratación de bienes con oferta de restitución de precio.
  • Actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Actividades de juego.
  • Personas que realicen movimientos de medios de pago.
  • Personas que comercien profesionalmente con bienes.
  • Fundaciones y asociaciones (régimen especial).
  • Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades.
  • Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.

Todos estos sujetos obligados deben cumplir una serie de medidas de diligencia debida, obligaciones de información y de control interno, de formación a los empleados o nombramiento de representantes en el SEPBLAC. 

En el Despacho atendemos todas las necesidades de adaptación de las entidades al cumplimiento de esta normativa, elaborando el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, el documento de Análisis de Riesgos, diseñando las medida de diligencia debida, realizando las comunicaciones que corresponda al SEPBLAC, actuando como experto externo en los exámenes anuales o diseñando e impartiendo el Plan de Formación al que están obligadas las entidades que cuenten con personal dedicado a las actividades sujetas.

Si necesita más información y un presupuesto personalizado, pulse aquí o póngase en contacto directamente con nosotros en los teléfonos 957 239 347 – 619 414 937.